La Suprema Corte de los EE.UU. reafirma el derecho a tener y portar armas en el ambito local y federal
Autor: Jorge Frank
LA JUSTICIA ESTADOUNIDENSE EXTIENDE EL DERECHO A LAS ARMAS EN UN FALLO DE 5 VOTOS A 4
La Suprema Corte de Justicia de EE.UU., el pasado lunes 28 de Junio
de 2010, en un fallo memorable, por mayoría de 5 a 4 votos de sus
miembros, en el caso “Mc Donald Et AL. v. CITY OF CHICAGO,
ILLINOIS, ET AL., aplicando el Instituto del Certiorari –que le permite
cerciorarse sobre si esta afectada una cuestión constitucional para
abrir el recurso- sobre una apelación en el 7° Circuito de la Corte de
Apelaciones de EE.UU., dictaminó que: La Segunda Enmienda de la
Constitución, garantiza el derecho individual a tener y portar armas y
ello se aplica a leyes estatales y locales de control de armas. El fallo
se produjo exactamente dos años después del primero, en donde este
tribunal dictaminó que, la Segunda Enmienda protege el derecho individual
a poseer y portar armas en el caso “Distrito de Columbia v.
Heller”, en otra decisión de 5-a-4, igual que la presente. Pero el caso
Heller se dirigida sólo a las leyes federales, y dejó abierta la cuestión
de si el derecho de la Segunda Enmienda protege a los propietarios de
armas contra los abusos de gobiernos estatales y locales.
El juez Samuel
A. Alito Jr., voto al que adhirió la mayoría, dijo que, el derecho a la
legítima defensa protegida por la Segunda Enmienda era fundamental
para la concepción estadounidense de la libertad ordenada. Al igual
que otras disposiciones de la Carta de Derechos establece que, esa protección
fundamental, dijo, debe aplicarse no sólo para limitar el poder
federal, sino también la de los gobiernos estatales y locales. El fallo es
una victoria enorme y simbólico para los seguidores de derechos a las
armas, pero su efecto práctico a corto plazo no está claro. Al igual que
en la decisión de Heller, los jueces dejaron para otro dia, sólo qué tipo
de leyes de control de armas se puede conciliar con la protección que
brinda la Segunda Enmienda. La mayoría dijo poco más que es la existencia
de un derecho de mantener armas de fuego en el hogar para su
propia defensa. De hecho, a lo largo de 214 páginas de opiniones, el
tribunal no decidió la constitucionalidad de las dos leyes de control de
armas que se tratan en el caso, de “Chicago y Oak Park (suburbio de
Chicago) Illinois”, los jueces devolvieron el caso a los tribunales inferiores
para que determinen si esas leyes muy estrictas que han prohibido
la posesión de armas de fuego, se pueden conciliar con la Segunda
Enmienda.
En Chicago, el alcalde Richard M. Daley dijo que estaba
decepcionado por el fallo porque hizo que quedara sin efecto e inaplicable
la prohibición de armas. “En todo el país, las ciudades están
luchando con la forma de abordar este problema”, dijo Daley. “El sentido
común le dice que necesitan menos armas en las calles, no más
armas”.
El Juez Alito Jr., quien estuvo acompañado por los jueces John
Roberts, Antonin Scalia, Anthony M. Kennedy y, en gran parte, por el
juez Clarence Thomas, reconoció que la decisión podría “conducir a
litigios largos y costosos”, pero dijo que era el precio de la protección
de las libertades constitucionales. La mayoría de los tribunales inferiores
ofrecen poca orientación acerca de qué grado de protección permite
la Segunda Enmienda. En una parte de su opinión que se negó a
unirse a Thomas, el juez Alito reiteró las advertencias en la decisión
de Heller, diciendo que el tribunal no tenía intención de poner en duda
las leyes que prohíben la posesión de armas de fuego por delincuentes
y personas que sufren de enfermedad mental, las leyes que prohíben
portar armas de fuego en lugares sensibles, como escuelas y edificios
del gobierno, o las leyes que regulan la venta comercial de armas de
fuego. Lo importante es darse una interpretación amplia, el Juez Alito
escribió que la segunda enmienda, al igual que otras disposiciones de
la Carta de Derechos, se debe aplicar a los estados bajo la Enmienda
14. Los jueces John Paul Stevens, Ruth Bader Ginsburg, Stephen G.
Breyer y Sonia Sotomayor no estuvieron de acuerdo. Dijeron que la
decisión sigue siendo incorrecta en Heller y agregaron que no se habría
extendido su protección a leyes estatales y locales, incluso si se hubiera
decidido correctamente. “Aunque la decisión del tribunal en este caso
puede ser visto como un simple apéndice de Heller”, escribió el juez
Stevens, “las consecuencias podrían ser mucho más destructivas - literalmente
- a las comunidades de nuestra nación y nuestra estructura
constitucional”.
Aunque la mayoría estuvo de acuerdo en el resultado,
sus miembros diferían acerca de cómo llegar hasta allí. La segunda
enmienda, al igual que el resto de la Carta de Derechos, inicialmente
limitó el poder sólo del gobierno federal. El Tribunal Supremo dictaminó
más tarde que la mayoría de las protecciones de la Carta de Derechos
se aplica a los estados bajo la cláusula del debido proceso de la
Enmienda 14, una de las enmiendas de la posguerra. Muchos eruditos
constitucionalistas esperaban que el tribunal utilizaría la decisión del
lunes, McDonald v. Chicago, N ° 08-1521, para revisar su enfoque de
cómo las protecciones constitucionales se aplican a, o son “incorporadas
en contra,” los estados. Argumentaron que el tribunal no debe
confiar en la cláusula del debido proceso, sino en “la 14 ª Enmienda
de privilegios o inmunidades” cláusula, que dice que “ningún Estado
podrá dictar ni dar efecto a cualquier ley que limite los privilegios o
inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos . “Existen pruebas
de que los autores de la cláusula querían que se aplicara para que
los esclavos liberados pudieran tener armas para defenderse.
Pero sólo
el juez Thomas firmó un acuerdo para ese proyecto. El juez Scalia,
reconoció dudas sobre el uso de la cláusula del debido proceso para
aplicar la Declaración de protección de los derechos a los estados, pero
dijo que estaría de acuerdo con el método que aquí se utiliza , ya que
basta la recta aplicación de la doctrina reiterada a decidir”. Cinco jueces
escribieron opiniones en el caso, con muchas páginas que examinan
la historia de las enmiendas 2ª y 14 ª. Los jueces de la mayoría
dicen que se han apoyado en la historia tanto de la búsqueda de un derecho
fundamental de las personas como de su aplicación a leyes estatales
y locales.
Los disidentes llegaron a conclusiones diferentes de las pruebas
históricas. “Las razones que motivaron a los autores para proteger
la capacidad de los milicianos para mantener fusiles disponibles para
uso militar que nuestra nación fue en su infancia, o lo que motivó el
Congreso de Reconstrucción para extender la ciudadanía plena a los
libertos a raíz de la Guerra Civil, sólo han una incidencia limitada sobre
la cuestión que enfrenta a los dueños de casa en una metrópoli infestadas
de criminalidad de hoy “, escribió el juez Stevens en su disidencia
final antes de retirarse de la Corte. Dijo que el tribunal debería haber
procedido con más cautela a la luz de “la maleabilidad y la dificultad
de la historia” y porque “las armas de fuego tienen una relación fundamentalmente
ambivalente a la libertad.” En una opinión disidente
se unió con los jueces Ginsburg y Sotomayor, el juez Breyer dijo que
la historia no ha aportado respuestas claras y que la evidencia empírica
sobre las consecuencias de las leyes de control de armas son variadas.
Pero no había evidencia, dijo, que las armas de fuego causaron 60.000
muertes y lesiones en los Estados Unidos cada año y que la prohibición
de armas de Chicago había salvado cientos de vidas desde que fue
promulgada en 1983.
Todo eso escribió el juez Breyer, aconsejó a favor
de la deferencia a los funcionarios locales elegidos para decidir cómo
regular las armas. El juez Alito respondió que muchos de los derechos
constitucionales implican costes de seguridad pública, incluidas las que
limitan el uso de evidencia confiable obtenida a través de la mala conducta
policial. También reconoció que la decisión mayoritaria limita
la capacidad de los Estados de abordar las cuestiones locales con las
normas de armas a medida. “Pero esto es siempre cierto”, dijo, “cuando
un proyecto de ley de Derechos se incorpora”. Emma Graves Fitzsimmons
contribuyó desde Chicago.
* Fuente: Diario Legitima Defensa, Mes de julio/agosto de 2010 - Nro. 144 y The New York Times.